Los despachos de abogados, asesorías fiscales y gestorías laboran con un volumen creciente de normativa (BOE, EUR-Lex, circulares de la AEAT, criterios del TEAC, doctrina del Tribunal Supremo) que ningún profesional puede rastrear en tiempo real. El resultado es búsquedas manuales lentas, riesgo de citar jurisprudencia derogada y horas dedicadas a localizar un precedente que ya estaba en el propio archivo del despacho. El Copilot sectorial de Summum IA resuelve este problema con una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) que vectoriza los expedientes propios del despacho, los cruza con fuentes autoritativas actualizadas (BOE, AEAT, TGSS, jurisprudencia del TS y los TSJ) y devuelve respuestas con cita de fuente y fragmento textual, sin inventar normativa ni datos que no existan.
La confidencialidad es innegociable en el sector jurídico y fiscal. Por eso el copiloto se despliega con modelo de lenguaje en infraestructura con residencia en la Unión Europea, acuerdo de encargado de tratamiento (DPA) con cláusula explícita de no entrenamiento con datos del cliente, y minimización de información de carácter personal antes de la vectorización. Esta arquitectura es compatible con el RGPD, la LOPD-GDD y el deber de secreto profesional que vincula a abogados, gestores y asesores fiscales. En el ámbito judicial, la Instrucción 2/2026 del CGPJ (BOE 30-01-2026) fija el principio de supervisión humana para jueces y magistrados; para abogados, asesores y gestores, el mismo principio deriva del artículo 14 del propio AI Act: el profesional firma, decide y responde, la IA asiste y documenta sus fuentes.
El Reglamento (UE) 2024/1689 de IA (AI Act) añade una capa regulatoria que los despachos deben gestionar como usuarios de herramientas IA: identificar los sistemas implantados, clasificar su nivel de riesgo y garantizar la formación en alfabetización digital de su equipo desde el 2 de febrero de 2025, fecha de aplicación del artículo 4. La AESIA inicia inspecciones en agosto de 2026. Summum IA configura el copiloto con las salvaguardas técnicas que permiten al despacho demostrar supervisión humana, trazabilidad de las respuestas y ausencia de sistemas de riesgo prohibido; y coordina con Summum Consultoría el análisis legal del AI Act cuando el despacho necesita asesoramiento jurídico sobre su propia exposición normativa.